El Arzobispo de Cantórbery y otros líderes religiosos instan a diputados del Reino Unido a oponerse a un cambio en la ley, pues temen que supondría “cruzar el Rubicón” (cruzar el límite) ético*.
Su Gracia Justin Welby, Arzobispo de Cantórbery y Primus Interpares de la Comunión Anglicana.
Con otros líderes de fe hemos escrito a los miembros del Parlamento, instándolos a oponerse a la ley de muerte asistida de Rob Marris.
Hemos escrito, no en un intento de empujar un punto de vista “religioso” sino porque estamos preocupados de que un cambio en la actual Ley de suicidio asistido tendría efectos perjudiciales en los individuos y en nuestra sociedad.
Mientras que algunas voces religiosas individuales, entre ellas la de mi distinguido predecesor, Lord Carey, han pedido un cambio en la ley, una carta de los líderes de la fe representa la opinión considerada de nuestras comunidades que han analizado, discutido y debatido el tema durante muchos años. La respuesta surge de reflexiones filosóficas y teológicas, así como de una amplia gama de experiencia pastoral y un profundo sentido de compasión.
Tengo tres preocupaciones:
En primer lugar, un cambio en la ley para permitir el suicidio asistido cruzaría un Rubicón (cruzaría el límite) ético y jurídico fundamental. Este respeto por la vida de otras personas entra en el corazón de las leyes penales y los derechos humanos y no debería ser abandonada. Aunque no es un delito en el Reino Unido que alguien tome su propia vida, reconocemos que es una tragedia y que, con razón, debemos hacer todo lo que podamos para prevenir suicidio. El proyecto de ley de muerte asistida nos obliga a girar en esta postura, no sólo legitimar el suicidio, sino que lo apoya activamente. Se nos pide que los médicos sancionen y participen con individuos que toman medidas para poner fin a sus vidas. Este es un cambio de proporciones monumentales en la ley y en el papel de los médicos; se opone a la profesión médica.
Actualmente, aquellos que actúan completamente por compasión para ayudar a alguien que ellos conocen para poner fin a sus vidas no enfrentarán a la fiscalía. Siento profundamente el dolor y la lucha de cualquier persona al verse en tal situación, deseosos de responder con amor ante el sufrimiento. Sé lo que es sentarse en la cabecera de alguien a quien usted ama enormemente y aún ser rasgado por los temores y preocupaciones sobre su futuro. Estoy de acuerdo en que la ley debe tomar un enfoque considerado y compasivo para cuidados de los familiares que piden por los más cercanos a ellos, para ayudar a poner fin a sus vidas.
Para cambiar la ley, sin embargo, el acceso de individuos a los riesgos médicamente prescritos como drogas letales reemplazando el tipo de compasión personal que se forja en una relación de por vida para un “proceso”, marcado por la separación judicial y clínica. Como ha señalado el Tribunal Europeo, la comprensión jurídica del “derecho a la vida” tendría que ser reescrito fundamentalmente y para ningún efecto bueno.
En segundo lugar, un cambio en la ley pondría muchos miles de personas vulnerables en riesgo. Se afirma que unas 500 mil personas mayores son abusadas en el Reino Unido cada año. Es imposible asegurar que ellos y otras personas vulnerables no se colocarían bajo presión para poner fin a su vida prematuramente, en maneras que proponen medidas de seguridad que no pueden esperar ser detectadas.
No nos engañemos, señores parlamentarios, se les pide tomar una apuesta enorme por una ley que protege a los vulnerables. No hay necesidad para tomar ese riesgo ya que la actual Ley sigue protegiendo a los vulnerables al no albergar ninguna amenaza para aquellos que actúan totalmente fuera de compasión. Sabemos de los Estados de Oregon y Washington que entre 40% y 60% de los que utilizan legalmente prescribir drogas letales para acabar con sus vidas cita preocupación que sería una carga para sus familias como un factor en su decisión de llevar sus vidas a un final prematuro.
Una vez que una ley permite el suicidio asistido no puede ser efectiva salvaguarda contra esta preocupación, no importa la presión mucho más insidiosa que podría provenir de una minoría muy pequeña de parientes que no quieren ser involucrados.
El agotamiento del cuidado, a veces combinado con las relaciones que han sido difíciles durante años antes de que alguien cayera enfermo, puede llevar a la gente a querer y sentir cosas que no deberían. Todos quienes han participado en la atención pastoral y luto han escuchado la confusión que la gente siente acerca de cómo se comportó un pariente exigente. Aprobar el proyecto de ley no deja espacio y nunca podría, por la complejidad infinita de motivos y deseos que sienten los seres humanos. La ley en la actualidad deja espacio y sin embargo nos llama a ser lo mejor que podemos.
No es de extrañar, entonces, que grupos como Acción de Maltrato, Mencap y Alcance escribieran a sus compañeros el año pasado para oponerse a cambios propuestos a la ley actual.
Mi tercera preocupación es que tenemos que reflexionar sobre qué tipo de sociedad podríamos ser si permitiéramos el suicidio asistido. En la actualidad, podemos demostrar amor, cuidado y compasión por quienes en todas las edades y etapas de la vida están contemplando el suicidio. Podemos tratar de intervenir, para apoyarlos a abrazar una vez más la vida. Podemos hacer todo a nuestro alcance para rodear a los enfermos con el mejor posible de los cuidados paliativos, incluyendo el aspecto físico, apoyo emocional y espiritual. Podemos redoblar nuestros esfuerzos para aliviar el sufrimiento. Podemos mostrar que les amamos incluso cuando las personas han renunciado a cuidar de sí mismos. Podemos apoyar nuestros médicos y enfermeras ya que actúan constantemente en los mejores intereses de sus pacientes, afirmando la vida y el cuidado de los vulnerables.
¿Corremos el riesgo de todo esto para qué? ¿Convertirnos en una sociedad donde cada vida ya no es vista como digna de protección, vale la pena honrarla, vale la pena luchar? La ley vigente y las directrices para la labor práctica muestran compasión, los vulnerables están protegidos. A pesar de opiniones individuales de la celebridad y los “resultados” de las encuestas de opinión (que no pueden esperar para hacer justicia a las complejidades de la cuestión), la actual ley no está “rota”. No hay necesidad de arreglarla.
*)Artículo publicado en The Guardian.
A su vez, el Consejo Mundial de Iglesias (CMI), organismo ecuménico internacional, dedica cada 21 de septiembre a la oración por la paz, desde el año 2004, tras un acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que en 1981 instituyó la fecha del Día Internacional de la Paz.
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